Respuesta judicial – LOS DATOS

DATOS x VIOLENCIA x MUJERES es un recorrido visual e interactivo sobre el impacto de la violencia de género en España en general y en cada una de sus CCAA en concreto. El análisis recoge los datos disponibles entre los años 2008 y 2023, sobre la violencia machista en el ámbito de la pareja.

Además, el proyecto incorpora datos de violencias contra las mujeres desde otras perspectivas: la violencia sexual y, concretament aquella que acontece en el espacio público, y un análisis del impacto de la COVID-19 en la violencia machista durante el 2020.

Este portal es fruto de la colaboración de muchas personas en un conjunto de exploraciones de fuentes de datos públicas para localizar y recoger datos objetivos, referenciados y oficiales. El objetivo final del portal es poner al alcance de la ciudadanía toda esta información de una manera sencilla, visual y accesible.

Las principales fuentes de información han sido el Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, la Delegación de Violencia Género del gobierno español, el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior y los organismos autonómicos dedicados a la Igualdad. En cuanto a las cuestiones sobre recursos públicos, se han consultado los presupuestos generales del Estado y los de cada CCAA. 

Respuesta judicial

Entre las numerosas variables publicadas desde la Delegación de Violencia Género del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, analizamos las cifras relativas a denuncias previas, órdenes de protección y condenas, para dibujar cómo es la respuesta judicial.

Una de las realidades representativas es saber cuántas mujeres habían presentado denuncia antes de ser asesinadas, cifra publicada por la Delegación de Violencia Género del gobierno español.

La cantidad de víctimas mortales que había denunciado su situación previamente no aumenta con el paso de los años y entre 2008 y 2020, oscila entre el 20 y el 33%. El 2020 se visualiza así como un año crucial: a pesar de que las víctimas totales son levemente inferiores con respecto al 2019 (50 frente a una media de 57,75%), el porcentaje de mujeres asesinadas que había presentado denuncia previa disminuye hasta el 16% debido a la COVID-19. Sin embargo, en el año 2022 hay un repunte donde casi el 41% de las mujeres víctimas habían denunciado con anterioridad

A continuación, se muestra la cantidad de órdenes de protección concedidas sobre el total de las solicitadas, a partir de los datos publicados por el Observatorio de Violencia de Género y Doméstico del Consejo General del Poder Judicial. Se pueden consultar y comparar los datos de cada CCAA introduciendo su nombre en el buscador superior.

Catalunya destaca por su baja tasa de órdenes concedidas, con una media del 47,99%, es decir, menos de la mitad del total de pedidas. Le siguen la Comunidad de Madrid (51,88%), el País Vasco (60,47%) y Canarias (62,36%), todas con una tasa de órdenes concedidas por debajo del 63%. La media del conjunto de España se sitúa en el 67,95%.

Los datos facilitados por el Consejo del Poder Judicial permiten analizar el porcentaje de sentencias condenatorias en proporción a las absolutorias en casos de violencia de género.

Analizando las comunidades, la Comunidad de Madrid (67,19%) y Catalunya (74,21%) también están a la cola de las comunidades en cuanto a sentencias condenatorias. La media española está en el 79,14% y destacan La Rioja, Illes Balears y Murcia con el 94,44%, 92,67% y 92,48% respectivamente. A nivel general, se puede apreciar cómo este porcentaje dibuja una tendencia al alza en los últimos años en todas las comunidades.

Según la Ley 1/2004, en España tendría que haber “uno o más” Juzgados de Violencia sobre la Mujer por cada partido judicial.

España se divide en 429 partidos judiciales, así que tendría que existir el mismo número o superior de Juzgados de Violencia sobre la Mujer. En cambio, solo están en funcionamiento 115 y con una distribución geográfica muy desigual. La Comunidad de Madrid supera el 100% de implementación, mientras que la mayoría del resto de CCAA no llegan al 35%.

Con la misma Ley Integral 1/2004, el gobierno español aprueba por primera vez la creación de Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), «con el objetivo de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género». Aunque la ley no especifica el número de UVFIs que debería haber por partido judicial, se considera que el número ideal sería el de una unidad por cada juzgado exclusivo.

Partiendo de este criterio, se observa un grave déficit de unidades forenses en toda España. Actualmente, debería haber 429 unidades funcionando en toda España, pero solo hay 47.